Durante la 10° sesión ordinaria, los legisladores provinciales aprobaron la creación del “Sistema provincial de prevención y protección contra descargas eléctricas atmosféricas”, iniciativa que tiene por objetivo evitar accidentes trágicos y mitigar los daños materiales provocados por las tormentas eléctricas y el impacto de rayos.
La medida permitirá regular la instalación y mantenimiento de pararrayos (equipos de intercepción y conducción de descargas eléctricas nube-tierra) en todo el territorio provincial, en un periodo máximo de tres años desde la publicación de la ley.
En su articulado, la normativa dispone que la planificación e instalación de estos artefactos se realice por determinación del Estado provincial en territorios bajo su jurisdicción y por los municipios o comunas en el interior de sus radios urbanos. También por razones de prevención, los propietarios de predios o establecimientos ubicados en zona de riesgo deberán colocar estos artefactos.
Cabe destacar que se priorizará la instalación de los equipos en determinadas zonas o puntos críticos como es el caso de edificios públicos; sedes o delegaciones del gobierno provincial; zonas urbanas de alta densidad poblacional como edificios, zonas suburbanas y barrios cerrados; centros educativos, deportivos y turísticos, entre otros.
La autoridad de aplicación podrá intervenir e instar a la instalación de los pararrayos. En tanto, cuando el propietario de un inmueble incumpla con las obligaciones de colocar y mantener pararrayos dará lugar a sanciones tales como apercibimiento, multas o incluso clausuras.
La ley determina también que será obligatoria la aplicación de los estándares o normas establecidos para estos casos por el Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM).
Además, se creará el Registro Provincial de Equipos Pararrayos, con la finalidad de registrar cada instalación autorizada y procurando el adecuado y permanente funcionamiento de los equipos.
Según datos de la Red Mundial de Localización de Rayos, la Argentina está en la segunda región con más caídas anuales de rayos en el mundo y se estima que en nuestro país mueren aproximadamente 50 personas al año a causa de las descargas eléctricas aire-tierra, sin mencionar los innumerables daños materiales y graves perjuicios a las comunidades.
Por último, los municipios y comunas incorporarán en sus códigos de planeamiento urbano o legislación que regule el uso del suelo y las previsiones para efectivizar la implementación de esta medida.